Accesibilidad y dignidad: cuando la realidad supera a la normativa

Una reflexión sobre cómo la falta de planificación y de visión institucional sigue dejando atrás a quienes más apoyo necesitan

Imagen de RTVE

16 abril 2026

- Hoy quiero reflexionar, una vez más, sobre la distancia que existe entre las necesidades reales de las personas con discapacidad y la capacidad institucional para darles respuesta. No hablo de ideologías ni de nombres propios, sino de una forma de gestionar lo público que, por su falta de visión, acaba afectando a nuestro bienestar social, a nuestra economía cotidiana y, también, a nuestra salud.

- Todo lo que expongo aquí es verificable en la vida diaria. Basta observar algunos ejemplos sencillos.

- Frente a un Centro de Salud de mi ciudad, la plaza reservada para personas con movilidad reducida se encuentra a casi cien metros de la puerta, mientras que varias plazas de libre acceso están a apenas cinco. Para agravar la situación, esa plaza carece de vado, de modo que quien baja de su vehículo debe desplazarse por la calzada hasta el primer paso de peatones y, desde allí, buscar la entrada al centro. Es una escena que revela una planificación desconectada de la realidad.

- En las farmacias ocurre algo parecido. En mi ciudad —y en muchas otras del país— no existen plazas reservadas frente a estos establecimientos. No hace falta explicar lo que esto supone para quienes dependen de una silla de ruedas de un andador o tienen movilidad limitada. La accesibilidad no debería ser un lujo ni una excepción.

- Si hablamos de las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia, es conocido que muchas personas fallecen antes de recibirlas, pese a haberlas solicitado uno, dos, tres o incluso cuatro años antes. La lentitud administrativa convierte un derecho en una espera interminable.

- También preocupa la falta de rigor en el control del uso indebido de las plazas reservadas. Aparcar sin autorización en un espacio destinado a personas con discapacidad rara vez recibe una sanción efectiva, y solo un pequeño porcentaje de infracciones llega a multarse. Este fenómeno no es aislado: forma parte de un marco más amplio donde la falta de medios, de coordinación o de normativa adecuada genera una sensación de impunidad que perjudica a quienes más apoyo necesitan.

- Hoy lo dejo aquí, con varias  preguntas que, por su sencillez, deberían tener una respuesta clara. 

• ¿No sería razonable establecer normas de obligado cumplimiento en todo el país para corregir situaciones como estas? 
• ¿No debería la accesibilidad ser un criterio básico, uniforme y garantizado en cualquier territorio? 
• ¿Sabemos quién tiene esa responsabilidad?
• ¿Por qué lo permitimos?