Una vista de la playa de Poniente de Benidorm. / Pilar Cortés
David Navarro
14/1/2025
La propuesta del presidente del Gobierno de elevar considerablemente los impuestos a la venta de casas a ciudadanos extracomunitarios que no sean residentes en la UE ha caído como una bomba en el sector inmobiliario alicantino. La provincia no solo acapara por sí sola más del 20% de todas las transacciones internacionales de vivienda que se registran en España -con lo que sería la más perjudicada ante cualquier tipo de restricción en este mercado-, sino que, además, muchas de ellas están protagonizadas por nacionales británicos, ucranianos, rusos o noruegos, que se verían directamente afectados por el nuevo gravamen.
De esta forma, tanto la Asociación Provincial de Promotores (Provia), como el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria o la asociación de inmobiliarias Asicval han calificado de "auténtico despropósito" la medida planteada por Pedro Sánchez, que, de hecho, ya ha provocado este mismo martes numerosas llamadas de clientes desconcertados.
Compradores que han hecho la reserva sobre plano de su futura casa en la playa y "que ahora quieren saber cuánto les va a costar finalmente el apartamento y si pueden echarse atrás", explica el delegado de Asicval en Alicante, Miguel Galindo, que reconoce que la única respuesta que pueden darles es que no tienen "ni idea".
Entre otras cosas, porque desde el propio ministerio que dirige Isabel Rodríguez son incapaces de concretar si el anuncio de Sánchez afectará por igual a un ciudadano dubaití que solo quiere invertir, que a un británico que busca una segunda residencia vacacional, o en qué consistirá la subida impositiva. Se limitan a remitir a la nota oficial que el lunes emitió Moncloa sobre la cuestión, sin dar más explicaciones.
Una nota en la que se asegura textualmente que "se incrementará la carga fiscal que (los extracomunitarios que no tengan residencia en la UE) tendrán que pagar en caso de compra hasta el 100% del valor del inmueble, en línea con países como Dinamarca o Canadá". A partir de ahí, todo está abierto a interpretaciones hasta que la norma se publique en el BOE.
Las cifras
De acuerdo con las cifras del Colegio Notarial de València, durante el 2023 un total de 30.072 extranjeros compraron una vivienda en la provincia de Alicante, lo que supuso el 20,43 % de todas las operaciones de este tipo contabilizadas en todo el país y un negocio de más de 5.600 millones de euros. Los británicos -que tras el Brexit ya no forman parte de la UE y deberían pagar el tributo- fueron los principales clientes de las inmobiliarias de la zona, con 3.942 operaciones.
Si se les suman las transacciones protagonizadas por ucranianos (1.400), rusos (1.291), marroquís (851), noruegos (762), argelinos (702), suizos (317), chinos (236) o bielorrusos (104), el resultado es que más de un tercio de todas las compraventas de extranjeros en Alicante fueron de ciudadanos extracomunitarios. Y eso sin tener en cuenta a los sudamericanos, que las estadísticas notariales no desglosan en la provincia.
Tampoco se especifica en estas estadísticas cuántos son residentes y cuántos carecen de permiso de residencia en la UE, pero, en cualquier, desde el sector señalan que se trata de "miles" de operaciones las que se verían afectadas cada año. De hecho, si se dan por buenas las cifras facilitadas por Pedro Sánchez sobre el total de operaciones a nivel nacional y se aplica el porcentaje que representa la provincia en el total de compraventas de casas a extranjeros, se estaría hablando de más de 5.500 viviendas anuales.
"Hay mucha preocupación en el sector, porque estamos hablando de mercados que son fundamentales para el sector y que pueden echar por tierra el trabajo de años de promoción", se lamenta el secretario general de Provia, Jesualdo Ros, que recuerda, por ejemplo, que su organización lleva años vendiendo el destino de la Costa Blanca en Estados Unidos para captar inversores.
"Es que, además, no soluciona nada. El tipo de vivienda que busca un noruego o un ucraniano en la playa, no es la que necesita una pareja joven que quiere independizarse", denuncia el portavoz de los promotores, que confía que la medida pueda suavizarse o, incluso, suprimirse durante el proceso de tramitación parlamentaria.
En la misma línea se expresa la presidenta del Colegio de API de Alicante, Marifé Esteso, que recuerda que la importancia que tiene el turismo residencial en la economía de la zona. "Estamos hablando de extranjeros que vienen a pasar sus vacaciones y a dejarse el dinero en las tiendas y comercios de la zona. ¿Qué sentido tiene ponerles trabas?", se pregunta Esteso, que califica de "humo" el resto de las medidas anunciadas por Sánchez. "Si de verdad quieren bajar los precios de la vivienda, lo que deben hacer es sacar más suelo al mercado y dar seguridad jurídica a los propietarios para que alquilen sus casas", insiste la presidenta de los API.
Impacto inmediato
Por su parte, desde Asicval ven positivas medidas como los incentivos fiscales para quien alquile su casa o los avales que se concederán a los inquilinos, pero reclaman un calendario concreto para su puesta en marcha. Eso sí, lo que no respaldan es la limitación a la compra a los ciudadanos extracomunitarios, que aseguran que ya empieza a tener consecuencias, y no solo por los clientes que llaman preocupados. "Esta mañana una compañera de Dénia ya ha hecho dos entrevistas para radios británicas. El susto ya lo han metido, aunque luego no llegue a nada", asegura su portavoz, Miguel Galindo.
"Lo único positivo es que, por lo menos, ya todo el mundo habla de que falta vivienda, como venimos advirtiendo desde hace tiempo. Ahora lo que se necesita es un pacto de estado que realmente facilite una solución a este problema", concluye el secretario general de Provia.
(Diario Información de Alicante)
